Transacciones B2G

La facturación electrónica es obligatoria en España para las transacciones entre empresas y administración pública (B2G). Las empresas nacionales y extranjeras que emitan facturas superiores a 5000 € a organismos del sector público español, como el gobierno central, las administraciones regionales, los organismos públicos, las universidades y los hospitales, deben usar el formato de factura electrónica a través del portal FACe del gobierno español (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas). Las facturas B2G deben contar con una firma electrónica cualificada. Las empresas pueden emitir facturas en papel a las administraciones públicas si su importe es inferior a 5000 EUR y el organismo receptor permite la emisión en papel.

Transacciones B2B

La facturación electrónica para transacciones entre empresas (B2B) aún no es obligatoria. No obstante, el gobierno español ha anunciado la ley «Crea y Crece». Esta normativa pretende facilitar la creación (crea) y el crecimiento (crece) de empresas abordando, para ello, el problema de los retrasos en los pagos, una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de las empresas españolas. El Gobierno español espera que la facturación electrónica solucione este problema y tiene la intención de hacerla obligatoria para las transacciones B2B.


Se ha propuesto un periodo de implantación en dos fases. Las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros deberán cumplir el mandato B2B dentro de un año desde la aprobación de sus requisitos técnicos, mientras que el resto de empresas dispondrá de dos años. Los requisitos y especificaciones técnicas aún no se han aprobado, y es probable que se sometan a una nueva consulta pública. Sin embargo, como la ley española exige al menos 12 meses de preaviso desde la aprobación, es probable que el mandato se implante en 2027-2028.


Las opciones de España para implantar un modelo B2B incluyen el intercambio directo entre compradores y proveedores usando formatos estructurados, o la transmisión mediante plataformas certificadas de facturación electrónica (PCEF). Se puede emplear una plataforma central del gobierno.

Multas por incumplimiento

El enfoque de España es más suave que otros países en cuanto a sanciones por incumplimiento. La incorrección o los retrasos relacionados con la aplicación de la facturación electrónica B2G simplemente pueden dar lugar al rechazo de los pagos o la demora del pago. No obstante, se podrían introducir multas por incumplimiento a medida que evolucionen los mandatos en materia de facturación electrónica en España.

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